La fusión de US$111 mil millones entre Paramount y Warner Bros. Discovery enfrentó un nuevo retraso justo cuando parecía acercarse a una aprobación clave. La jueza federal Araceli Martinez-Olguin permitió que opositores al acuerdo presenten escritos como amicus briefs antes de avalar el decreto de consentimiento negociado entre la compañía y un grupo de fiscales generales estatales encabezados por California.
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¿Por qué se retrasó la aprobación del acuerdo?
La audiencia virtual prevista ante Martinez-Olguin era vista como un paso casi automático para validar el acuerdo antimonopolio anunciado el 21 de septiembre. Sin embargo, la jueza concedió una solicitud de Block the Merger, grupo opositor a la operación, para abrir un breve periodo de participación de terceros.
“El Tribunal CONCEDE las mociones administrativas para presentar escritos de ‘amicus curiae’”, resolvió la jueza, según el documento citado por Deadline. También fijó un plazo límite muy estricto: “Todos los escritos de ‘amicus curiae’ deben presentarse en el expediente a más tardar a las 12:01 a. m. (hora del Pacífico) del 25 de septiembre de 2026. Este plazo no se prorrogará y no se tomarán en cuenta las presentaciones fuera de plazo.”
La decisión no cancela el acuerdo ni bloquea definitivamente la fusión, pero hace menos probable que el arreglo sea aprobado de inmediato. Para Paramount, cualquier retraso puede tener un impacto financiero importante, especialmente porque el cierre de la operación está presionado por un calendario económico muy estrecho.
Los opositores dicen que el acuerdo es débil
Block the Merger celebró la decisión de la jueza. Jessica J. González, codirectora de Free Press y coabogada del grupo, dijo a Deadline que permitir la participación pública era necesario porque, a su juicio, los fiscales no representaron adecuadamente el interés público.
“Nos complace que el tribunal permita al público opinar sobre esta importante cuestión, ya que los fiscales generales no han representado adecuadamente el interés público en este caso”, afirmó González. También cuestionó el contenido del acuerdo: “El acuerdo judicial es débil e inaplicable. Esperamos explicar esto con mayor detalle en nuestro escrito, cuyo plazo de presentación vence esta noche a medianoche.”
El acuerdo entre Paramount y los fiscales estatales ha sido criticado por sectores que consideran insuficientes sus remedios. Según Deadline, el arreglo contempla una junta de supervisión para CNN y CBS News, pero los opositores sostienen que no responde al centro del caso antimonopolio.
El senador demócrata Cory Booker también intervino en el proceso al enviar una carta a la jueza. En ella pidió que el decreto sea revisado de manera independiente bajo un criterio de interés público antes de recibir aprobación. Según Booker, la corte debe comparar los remedios propuestos con el objetivo original de los estados, que era bloquear por completo la fusión.
El senador sostuvo que el acuerdo no atiende el centro de la demanda: el posible impacto anticompetitivo de la operación y la pérdida de empleos.
Paramount advierte daños millonarios por el retraso
Paramount y Warner Bros. Discovery se opusieron al movimiento de los terceros antes de la decisión de la jueza. En su presentación, las compañías argumentaron que permitir que actores ajenos al caso retrasen el cierre de la transacción sería improcedente si no presentan su propia demanda antimonopolio, no cumplen con los requisitos legales para obtener una medida preliminar contra la fusión y no ofrecen una fianza que proteja a las empresas de los daños provocados por una demora.
El retraso vuelve a poner sobre la mesa la llamada cuota por demora, que comenzaría a correr el 1 de octubre si la fusión no se cierra antes. Según Deadline, esa obligación ascendería a US$7 millones diarios para los accionistas de Warner Bros. Discovery, más de US$630 millones por trimestre.
La presión sobre el acuerdo también tiene una dimensión política y económica en California. Funcionarios como el gobernador Gavin Newsom, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, e integrantes de la industria han pedido resolver el conflicto ante el temor de más pérdidas laborales y un mayor deterioro en Hollywood.
Por ahora, la fusión no está caída, pero sí vuelve a quedar bajo revisión. La decisión de Martinez-Olguin abre una ventana breve para que sus opositores intenten convencer a la corte de que el acuerdo no protege suficientemente el interés público.
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